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domingo, 4 de julio de 2010

La CNT en el gobierno de la República. Un colaboracionismo autodestructivo.

Bernat Muniesa

Consciente de la enorme energía que representaba el anarcosindicalismo catalán, Largo Caballero invitó a la CNT a participar de su Gobierno.

Se cumplirá en este año de 2010 el centenario de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), cuya historia ha dado a la vida española y catalana de la época contemporánea (siglos XIX, XX…) una relevancia singular en el marco de los avatares europeos y, diríamos, que del mundo al que llaman Occidente. Vinculada la CNT a las actitudes (yo prefiero este concepto al de «ideología») anarquistas y/o libertarias, es imposible en este espacio resumir su complejidad y, por ello, hemos elegido el momento histórico que expresa el título de este trabajo, momento que en sí mismo asume –y valga la redundancia– una extraordinaria complejidad, pues resucita y concita, aún hoy, las diversas actitudes que han proporcionado tanto a la CNT como al anarquismo en general un especial atractivo como hecho social y cultural, inédito en otros espacios europeos. Un testimonio poco sospechoso de partidista, pues su autor fue un hombre ligado a la III Internacional, nos lo ha proporcionado Franz Borkenau (El reñidero español, Ruedo Ibérico, París, 1978): «Comencé mi estudio a partir de una equivocación, muy corriente, la de ver en la revolución española un incidente más en la lucha entre izquierdas y derechas, entre socialismo y fascismo, en el sentido europeo de la palabra; mis observaciones me han convencido de que eso no es así y desde entonces he intentado descubrir bajo las apariencias externas, las cuales la presentan como una lucha política cuya forma es común a toda Europa, las verdaderas fuerzas motoras que, en realidad, se diferencian enormemente de los moldes convencionales europeos, a pesar de ser éstos los utilizados generalmente para describirlas… Sin embargo, durante meses, hasta mediados de 1937, el combate lo fue entre el viejo mundo de la opresión y el alumbramiento de un nuevo mundo impulsado por el sentido anarcosindicalista…»

A partir de mediados de aquel 1937, los comunistas stalinistas se encargarían de aniquilar la revolución social e implantar la hegemonía «burguesa» (como complemento de esa realidad, ver Burnett Bolloten, El gran engaño, Caralt, 1961). Y aquí añadiría yo que, ciertamente, la Segunda República española fue «burguesa», en tanto que liberal, pero sin burgueses que la sustentaran en tanto que clases social). La burguesía catalana (industria ligera; el textil), con Francesc Cambó y Joan Ventosa i Calvell como dirigentes más significados, se opuso a la República liberal y luego apoyaron y financiaron la sublevación fascista del general Franco, mientras que la gran burguesía vasca (industria pesada) también optaba contra la democracia liberal.

Del resto de España no cabe hablar de «burguesía» en el sentido industrial: Madrid era ciudad con predominio de funcionarios y, desde luego, de intelectuales, y Andalucía, las Castillas, Extremadura... dominadas por la nobleza, propietaria de las tierras en forma de latifundismo, y a través del caciquismo, tara endémica en España desde tiempo inmemorial y denunciada en su día por Joaquín Costa.

Trazado el marco global y regresando al tema que indica el título de este trabajo, es cierto que al participar en el Gobierno de la Generalitat, la CNT quebró la lealtad a sus propios principios anarcosindicalistas. ¿En qué nivel de la organización se tomó esa decisión? ¿Dónde se decidió y quiénes lo decidieron? Joan García Oliver, cuyo extraordinario El eco de los pasos (Ediciones de Ruedo Ibérico, París 1978) es, sin duda, uno de los ejes centrales de referencia en la historia del anarcosindicalismo, no aclara esos interrogantes. Tampoco José Peirats, en su monumental Historia de la CNT (Ruedo Ibérico, París, 1978). Pero es precisamente el mismo Peirats quien en sus memorias recién publicadas con el título De mi paso por la vida (Flor del Viento, Barcelona, 2009) proporciona algunas pistas. Vayamos, pues, por partes y con la prudencia que exige la distancia temporal y el propio tema.

En principio, cabe señalar que a finales de abril-principios de mayo (1936) en un congreso de la CNT celebrado en Zaragoza, en el cine Iris-Park, se debatió el dilema «revolución social o colaboracionismo político» con la Generalitat presidida entonces por Lluis Companys, congreso al que concurrieron personalidades anarcosindicalistas tan destacadas como Federica Montseny, Joan García Oliver, Cipriano Mera, Josep Peirats, Eusebio Carbó y Joaquín Ascaso entre muchos otros. En esta reunión se apostó por la implantación del comunismo libertario y el rechazo del colaboracionismo político. Dos meses después, el 18-19 de julio (1936), las fuerzas militares sublevadas en Barcelona eran aparatosamente derrotadas en diversas batallas urbanas por las fuerzas anarcosindicalistas y obreras, desplegándose en Catalunya el proceso revolucionario al que se refería Borkenau: el «mundo nuevo» había nacido implantando sus dos ejes fundamentales: la autonomía obrera y la autogestión económica y social.

Mientras, en el Madrid otoñal, el Gobierno republicano salía de su letargo y Francisco Largo Caballero, representante del sector izquierdista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asumía el cargo de jefe del Gobierno, nombrado por Manuel Azaña, presidente de la República. Consciente de la enorme energía que representaba el anarcosindicalismo catalán, Largo Caballero invitó a la CNT a participar de su Gobierno. Fue suprimido el Comité de Milicias Antifascistas y disuelto luego el Consejo Nacional de Defensa, ya que en palabras de García Oliver «ya no era necesario puesto que había un Gobierno», en tanto que Federica Montseny consideraba que se vivían unas «circunstancias gravísimas como nunca había presenciado la CNT y que ante ellas había que dar la cara y abandonar las piruetas doctrinales de otros tiempos.» (Peirats, José: ob. cit., pág. 316).

Y fue precisamente en nombre de ese realismo profundamente discutible, por no calificarlo de oportunismo, que cuatro anarcosindicalistas se incorporaron al Gobierno republicano: Federica Montseny (ministra de Sanidad), Joan Peiró (ministro de Trabajo), Juan López (ministro de Comercio) y Joan García Oliver (ministro de Justicia). El sacrificio del ideario anarcosindicalista en aras del colaboracionismo político no serviría a la postre ni a la revolución ni a la victoria en la Guerra Civil. Es más, esa vía acabó culminando en la contrarrevolución y finalmente en la derrota frente al fascismo. Ya no se trataba de combatir al Estado como forma de dominación y opresión burguesas: ahora, en la coyuntura de las concesiones, se trataba de combatir a un tipo de Estado, el fascista. Una apostasía que, finalmente, como decimos, habría de destruir a la propia organización cenetista.

Quisiera acabar estas líneas con una referencia metodológica que nos legó el pensador alemán Friedrich Nietzsche: «cuando tengamos un dilema entre manos, bueno es desdoblarse y contemplarlo desde su propio interior y al mismo tiempo contemplarlo desde fuera fuera.» Si analizamos desde dentro, es decir, desde la opción política, quienes como García Oliver, Federica Montseny, Joan Peiró quedaron en retaguardia y gobernaron desde el cargo de ministros o «consellers», lo mismo da, desplegaron una labor digna desde el punto de vista político. Pero si analizamos la cuestión desde fuera, observaremos que lo hicieron en tanto que gobernantes y/o dirigentes políticos, es decir, utilizando los medios del poder, y en este caso concluiríamos señalando que no lo hicieron en tanto que anarcosindicalistas. Y las preguntas inmediatas, a modo colofón, serían: ¿Por qué asumieron realizar aquella labor colaborando políticamente con los Gobiernos del momento? ¿Por qué, teniendo el dominio de las calles y las instituciones, no decidieron abordarla desde las actitudes y fundamentos del anarcosindicalismo?

Mayo de 1937. La contrarrevolución en marcha

Entre el 4 y el 7 de julio de 1937 se desencadenaron en Barcelona una serie de hechos que habrían de marcar un punto de inflexión en el curso de la Guerra Civil, iniciada el 18-19 de julio de 1936 por causa de la sublevación contra la II República de un sector mayoritario del Ejército, dirigido por los generales Mola, Franco y Queipo de Llano, entre otros. En aquellos días de julio tuvo lugar lo que podríamos denominar la Batalla de Barcelona, entre las fuerzas de la revolución, es decir, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partit Obrer d’Unificacio Marxista (POUM), por una parte, y el Gobierno burgués de la Generalitat, que presidía Companys y en el que Josep Tarradellas era el «hombre fuerte», ambos dirigentes de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y sus aliados stalinistas del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El edificio de la Telefónica, radicado en el centro de la ciudad y colectivizado por el anarcosindicalismo, fue objeto de un intento de asalto por 200 guardias enviados por la Generalitat con la finalidad de estatificarlo, aprovechando el hecho de que las principales fuerzas combatientes del anarcosindicalismo se hallaban en los frentes de lucha de la guerra en los territorios de la península. Al intento de asalto siguieron una serie de enfrentamientos por las calles de la ciudad. En esa coyuntura, los contrarrevolucionarios aprovecharon aquella debilidad de la revolución para ocupar el Palacio de Justicia, atacar los edificios de la Unión Médica y de la Federación Local de las Juventudes Libertarias. La llegada de nuevas fuerzas policiales, los guardias de asalto, consiguieron finalmente, hacia el día 6 de mayo, desarmar a la resistencia anarcosindicalista (entre otros a los Amigos de Durruti) y del POUM y apoderarse de la ciudad. La contrarrevolución republicana- stalinista había triunfado y se formó un nuevo Gobierno de coalición, siempre presidido por Companys, en el que dieron entrada en un par de consejerías de segundo orden a representantes de la CNT en un intento de mantener la ficción de la unidad. En concreto, los Hechos de Mayo de 1937 señalan, como decía, el fin de la revolución social y el principio de la hegemonía stalinista en el ámbito de la República. En efecto, poco después, el jefe de Gobierno, Francisco Largo Caballero, miembro del sector izquierdista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y simpatizante con las fuerzas revolucionarias, sería cesado por el presidente Manuel Azaña y relevado por Juan Negrín, socialista pro-comunista, muy conectado ya Con el Partido Comunista Español (PCE) y el citado PSUC, lo cual significaba tener el respaldo de la URSS. La revolución española había sido destruida y el stalinismo se hizo hegemónico en aquella República burguesa que, paradójicamente, carecía de apoyos sociales burgueses, pues la gran burguesía catalana y vasca se habían adherido a la sublevación militar e instalado en Burgos, sede del fascismo que habría de triunfar finalmente bajo el caudillaje del genocida Francisco Franco.

George Orwell, Franz Borkenau (El reñidero español) y muy especialmente el periodista norteamericano Burnett Bolloten (El gran engaño) nos han dejado testimonio tanto del éxito social de la revolución anarcosindicalista como del rol contrarrevolucionario de los llamados «comunistas» (PCE-PSUC), dirigidos por Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, teledirigidos desde Moscú. Con todo ello, quiero significar que en el curso de la Guerra Civil española, los «comunistas» sostenían tres guerras. Ciertamente, combatían contra los fascistas, pero también llevaban otras dos guerras: destruir la revolución anarcosindicalista y la CNT, y exterminar a lo que ellos llamaban «trotskysmo», esto es, eliminar al POUM y sus dirigentes, lo que podríamos llamar izquierda marxista. En esa perspectiva, en un trabajo de investigación que estoy realizando, he constatado que Stalin envío a Catalunya dos personajes cuya misión era eliminar a los dirigentes «trotskystas» y concretamente a Andreu Nin. Se trataba de Alexander Orlov y de un sicario llamado Vittorio Vidali. Ya hacia 1934-1935, este último, Vidali, había sido enviado por Moscú a México con el nombre falso de «Elias Sorment», con el objetivo de asesinar a Trotsky. Vidali fracasó en el intento (luego tendría éxito el catalán Ramón Mercader del Río, stalinista, hijo de Caridad del Río, también de la misma cuerda política) y, siempre siguiendo las órdenes de Stalin, se incorporó a la Guerra Civil española, donde ejerció de «comisario político» con los nombres de general Contreras a secas y de Carlos Contreras. Ellos secuestraron a Andreu Nin y difundieron el bulo de «¿Dónde está Nin? ¿En Burgos o en Berlín?» (intentaban calificarle de «fascista»), y le trasladaron a Alcalá de Henares, donde murió a causa de las torturas inferidas y su cuerpo quemado, siendo Vidali, alias «Elias Sorment», alias «Carlos Contreras», alias «Comandante Carlos», el último personaje que «trató» a Nin.


Las colectivizaciones en Catalunya (1936-1939)

Mujeres Libres y Mujeres Libres en el Exilio

De los cuadros de defensa a las Milicias Populares

La CNT en la Segunda República

El auge anarcosindicalista. El congreso de Sants y los Sindicatos Únicos

Sobre los orígenes de la CNT

El final de un largo camino. El despunte anarquista (1902-1909)

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