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Salud

martes, 12 de abril de 2016

Postura del Colectivo por la Sanidad Pública Toledo ante el convenio sanitario con Madrid









A VUELTAS CON EL CONVENIO SANITARIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID


Desde el Colectivo por la Sanidad Pública de Toledo queremos analizar la situación existente en torno al Convenio de Atención Sanitaria entre Castilla-La Mancha y Madrid, una vez han pasado un año desde su aprobación en Cortes Regionales y casi 10 meses desde el cambio de gobierno regional.

Antes que nada un repaso a los que supone este convenio, todavía en vigor:

–  Una derivación de pacientes de la provincia de Toledo (que podrían llegar hasta los 126.000 habitantes de las zonas de Ocaña e Illescas) a dos hospitales de iniciativa público-privada (FPI) como son el Hospital del Tajo (Aranjuez)  y el Infanta Cristina (Parla).
–  Que esto supondrá una compensación económica (¿un rescate encubierto ante la situación de quiebra? Véase noticias respecto al Hospital del Tajo, en Aranjuez) realizada con el pago de un canon fijo por persona que desee ser atendida en estos hospitales, aunque no haga uso del centro asignado.
–  Que esta atención va a incluir solamente aquellas patologías que pueden realizar estos hospitales que están catalogados como básicos de primer nivel (el Hospital Virgen de la Salud es de segundo nivel). Además el hospital toledano deberá asumir la dispensación de la farmacia hospitalaria.
–  Para terminar, el convenio estipula que será SERMAS el que realizará la contratación del personal y de las inversiones necesarias para la ejecución del presente convenio. Estos recursos económicos serán aportados con carácter previo por Castilla La Mancha, siendo compensadas en la liquidación final de la cápita.

Ante esto, desde este colectivo expusimos en su momento lo siguiente:

–  No entendemos la firma dentro de un mismo convenio de dos acuerdos distintos, Guadalajara y Toledo, sino es con el propósito de confundir. Se ha incluido dentro del mismo la atención sanitaria en la provincia de Guadalajara en aquellas patologías actualmente no tiene el hospital de referencia; en estos casos se pagará por procedimiento realizado y no por canon, un pago anticipado por paciente, como se realizaría en la provincia de Toledo.

–  El acuerdo que afecta a la zona norte de Toledo deriva una población que actualmente tiene un hospital público de referencia con una cartera de servicios amplia, que pasará a ser atendida por unos hospitales con concesión privada (FPI), con una cartera de servicios reducida.


–  Que este convenio va a servir para la financiación y el pago de los hospitales de financiación privada que se han puesto en marcha en la comunidad de Madrid. Ese dinero ayudaría al pago anual por el uso de los mismos por parte de los usuarios del SESCAM, y se detraería de los recursos sanitarios públicos (como por ejemplo, de los Centros de Especialidades o del nuevo hospital de Toledo).

Conviene recordar la  postura inicial del partido que actualmente se encuentra en el gobierno regional. Esta fue completamente favorable, e incluso criticaron con dureza el retraso del PP en cumplir con la promesa electoral que suponía un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid. El caso es que con anterioridad a las elecciones del pasado año, el PSOE cambio de postura. Se posicionó a favor de la derogación del convenio. Suponemos que el barniz de progresismo que acostumbra a darse el PSOE en cada proceso electoral, exigía el cambio en el guión. 
Pero ahí quedó todo. Lo que iba a ser una “derogación” se convirtió en “revisión”. El gobierno regional reconoce los perjuicios del Convenio pero renuncia a su denuncia y anulación, que se puede realizar de manera unilateral e inmediata. No solo eso sino que además prorroga los plazos máximos de resolución de las solicitudes necesarias para adherirse al convenio sanitario. Un convenio, paralizado en la práctica, que en Toledo solo ha sido elegido por apenas el 14% de la población afectada.

¿A qué se debe el cambio de actitud hacia el Convenio? ¿A una prevista imposibilidad de asegurar una eficiente asistencia sanitaria propia a los habitantes de la provincia de Toledo? ¿A un retraso muy prolongado de las obras del nuevo Hospital de Toledo? ¿A guardarse un as en la manga con vistas a revertir la tendencia al alza de las listas de espera?¿O a resituarse el PSOE de nuevo en su tradicional rol de “policía bueno” en la  progresiva privatización de nuestra sanidad? 

Para terminar, la prensa informa el pasado 17 de marzo de la posible quiebra del Hospital del Tajo de Aranjuez. Es ahora, si se mantiene el Convenio y solo se maquilla con una "revisión", cuando desde este Colectivo sospecharemos de la complicidad del actual gobierno regional con las iniciales y verdaderas intenciones de dicho Convenio: rescatar a la red sanitaria de la Comunidad de Madrid madrileña del desastre a que ha conducido la gestión mixta público-privada de Esperanza Aguirre.

Desde el Colectivo por la Sanidad Pública de Toledo  nos posicionamos totalmente a favor de la derogación del Convenio y proponemos las siguientes alternativas:

- Aumento de la inversión en personal y medios en el hospital de Guadalajara con el objetivo de mejorar la cartera de servicios y fomentar la creación nuevas especialidades.

- Aumento de la inversión en los Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento ( CEDT´s) de la región, para facilitar el acceso a las consultas y tratamientos a los pacientes de estas áreas. Aquí podemos incluir la contratación de más personal, el aumento de medios diagnósticos y la puesta en marcha de procedimientos que puedan ser realizados en dichos centros, como los que existen en Illescas y Ocaña.

- Mejora y apoyo al transporte para los habitantes de las zonas más lejanas, que faciliten el desplazamiento a los CEDT´s y al hospital de Toledo. Hablamos del transporte tanto sanitario como el interurbano dependiente de los municipios y diputaciones.

- Estudio sanitario de las distintas comarcas, con el fin de evaluar las necesidades y realizar una cooperación sanitaria entre las dos comunidades, vía los Fondos de Cohesión Sanitaria cuando sea necesario, y siempre  teniendo en cuenta que estos recursos y servicios sean prestados por centros públicos.



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