En 2005 despuntó una NeoInquisición liberal, que como la antigua, aparenta defender principios morales y religiosos, pero lo que persigue es quitarles sus recursos.
Usualmente, si nos quitan recursos esenciales, nos empeoran la calidad de vida, pero esta vez fueron más allá, emperorando nuestra calidad de muerte: El no-caso del Severo Ochoa.
Un hospital como cualquier otro decente y público, al que le faltan recursos y reacciona a su falta de camas como puede. En este caso, al no dotarle de servicio de paliativos, pero teniéndolos que aplicar sin demora, de ellos se encargaba en urgencias, que visto desde fuera es menos erróneo que encargárselos a la maternidad.
El Severo dejó su anonimato con su procesamiento por el Tribunal de Doctrina de la Fe Privatizadora y Legionaria de Cristo.
Hay finales de la vida sin aviso y previsibles. En este segundo caso, la aplicación de cuidados paliativos suele ser necesario para mitigar los padecimientos con los que la vida se resiste a desaparecer.
En ciertas fases y procesos del final de la vida la medicina paliativa incluye sedación, de hecho, un informe de sanidad de 2003 ya había establecido que los pacientes terminales ingresados, como media, fallecían en 24 h., tanto si estaban sedados, como si no.
Pero, la Inquisición, necesitaba denuncias falsas y anónimas ante la Consejería y Fiscalía, en este caso dos, con datos detallados de historias clínicas, que denunciaban hasta 400 sedaciones excesivas con resultado de muerte. Un supuesto genocidio masivo, del que vivieron meses El Mundo, La Razón y la COPE.
Lamela decapitó al jefe de urgencias, Montes, y con “investigación” también mandó a la hoguera al director médico y al gerente. Desde el primer panfleto los trabajadores acertaron la intención: desprestigiar a la pública metiendo miedo (irracional) para beneficiar a la privada. Proceso inquisitorial de manual, vamos.
De 400 casos, con una mera inspección médica, pasaron a 57, luego a 25, sobreseyendo el caso, finalmente, en 2008. Y mira qué buscaron con lupa durante años, espías incluidos.
El 9 de junio, el ex consejero de Sanidad de Madrid, Lamela, y seis médicos ad lateres declararán acusados de denuncia falsa y falsedad, pero el mal está hecho: Ahora en Madrid, la sanidad está privatizada, pero la mayor y difícil carga de trabajo se la llevan los centros públicos que hacen más de lo que pueden.
Ahora en Madrid también se muere con más dolor.
Ana Sigüenza
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