La
vida de un joven de 21 años se consume entre los barrotes de una prisión.
Alfonso Fernández salió de su casa el pasado 14 de Noviembre para ir junto a su
novia a uno de los piquetes de su barrio, Vallecas. A escasos metros de su
domicilio fueron detenidos y llevados directamente a la Brigada de Información,
donde sufrieron interminables interrogatorios extrajudiciales por parte de
varios policías encapuchados que no pararon de amenazar, utilizando incluso
posibles consecuencias contra su familia, novia y amigos, con el fin de buscar
información o una autoinculpación de un delito que no habían cometido.
Ambos
son acusados de tenencia ilícita de explosivos, delito para el que el artículo
568 del Código Penal establece penas de 4 a 8 años. Al margen de las contradicciones
y diferentes versiones policiales para demostrar que portaban algo que en
realidad nunca llevaron encima, en el material explosivo que supuestamente les
requisaron no han encontrado ni una sola huella de ninguno de los dos
detenidos, como ratificó el propio fiscal ante el juez y eso que fueron muchas
las pruebas que realizaron. Tampoco encontraron nada que sostenga esta
acusación en los registros a ambos domicilios, en los que la Brigada de Información,
siempre encapuchados, volvió a atosigar a las familias, como si no tuvieran
bastante con ver a sus hijos tratados como verdaderos terroristas.
Aun
así y pese a todas las evidencias de tratarse de un nuevo montaje policial,
Alfon no solo no es puesto en libertad (como su novia a la espera de juicio),
sino que tras presiones de instancias mas altas el juez decide enviarlo a
prisión preventiva. El propio fiscal reconoce que no existe riesgo de fuga, ya
que el joven tiene arraigo familiar y cumple con las premisas para no poder ser
aplicado el riesgo de fuga, pero entonces se sacan de la manga una supuesta
“alarma social”, que no solo es absolutamente falsa, sino que también es
ilegal, ya que no consta en la ley de enjuiciamiento criminal para aplicar la
prisión preventiva, siendo el único detenido el 14-N en toda Europa en esta
situación.
Pero
no solo no les basta con secuestrarlo, sino que a los pocos días le aplican el
régimen FIES, que supone, entre otras muchas cosas, la intervención de todas
las comunicaciones, incluidas las que tiene que ver con su familia y abogado,
restricciones severas, hostigamientos…. Una cárcel dentro de la cárcel,
declarado ilegal no hace mucho y denunciado por numerosos organismos a nivel
mundial. La escalada represiva va mas allá, dedicándose la Brigada de Información
a acudir a domicilios, a puestos de trabajos y a hacer seguimientos a amigos de
Alfon por el simple hecho de haberle escrito a prisión.
La
audiencia ha rechazado el recurso contra la prisión preventiva, aceptando la
ilegalidad de la alarma social como principal motivo, pero, inventándose ahora
el riesgo de fuga, el mismo que el propio fiscal reconoció no existir en un
principio. No solo existe montaje policial alimentado por intereses políticos,
sino cobertura judicial para llevarlo a cabo.
Es
muy fácil encarcelar y torturar a chicos de clase obrera, mientras la burguesía
goza de impunidad amparada por su propio estado. Por todo ello exigimos la
inmediata puesta en libertad de nuestro compañero y la investigación de los
policías y jueces en esta injusticia implicados.
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