El endurecimiento coordinado de las
leyes de seguridad ciudadana, seguridad privada, aborto, y código penal y
la anunciada nueva ley de servicios mínimos o la ley de procesamiento
penal, promoviendo el colaboracionismo ciudadano con el orwelliano
“concepto integral de seguridad pública”, supone de facto laminar los
derechos de manifestación, libre expresión, huelga, información y
libertad sexual. Estas nuevas normas se cierran como un puño frente a
los trabajadores y la población en general, amenazando con golpearnos
con más fuerza que nunca en defensa de la “seguridad y tranquilidad
ciudadanas”.
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